La desinformación, entendida como la falsificación voluntaria de la información recibida por la ciudadanía, se ha convertido en un problema clave para las sociedades democráticas contemporáneas. En un contexto de creciente exposición a impactos informativos, los ciudadanos han visto multiplicarse los mensajes que reciben al cabo del día, pero desgraciadamente muchos de esos mensajes son falsos, bien por ser producto de la propagación involuntaria de contenidos erróneos o bien por ser resultado de una difusión premeditada de mensajes intencionadamente engañosos. Aunque la ciudadanía puede ser llevada a equívoco por contenidos involuntariamente erróneos, la desinformación propiamente dicha se refiere al fenómeno de la difusión de contenidos premeditadamente falseados. La difusión de cierto volumen de contenidos erróneos es inherente a la comunicación pública. No es posible garantizar la veracidad de todos los mensajes que alcanzan a la ciudadanía, pues en los procesos comunicativos con frecuencia ocurren confusiones, malentendidos y equívocos involuntarios, que tienen como resultado una información incorrecta. Es lo que en el mundo anglosajón se conoce como ‘misinformation’. Parte de esos mensajes involuntariamente falsos alcanzan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Para evitarlo, las organizaciones periodísticas disponen de estructuras profesionales y protocolos internos orientados a minimizar la cantidad de esos errores. A pesar de esas precauciones, incluso los medios más acreditados deslizan de vez en cuando errores inadvertidos –datos equivocados, identidades confundidas, atribuciones incorrectas, circunstancias inexactas…–, que son más que simples erratas. Dependiendo de su gravedad, los medios periodísticos suelen enmendar esos equívocos mediante fe de errores. Con todo, no solo los medios de comunicación, sino toda organización o comunicador –incluidos, por supuesto, los políticos y las autoridades públicas– puede incurrir en errores o confusiones involuntarias. Cuando eso ocurre, lo que procede es rectificar con claridad y rapidez. El principal problema de la desinformación procede, sin embargo, de las falsedades deliberadas. Se trata de los contenidos que, de nuevo en el mundo anglosajón, se denominan propiamente como ‘disinformation’. Es decir, de mentiras voluntarias. Es esta modalidad cualificada de la falsedad la que más preocupa actualmente, pues el ecosistema comunicativo facilita la propagación rápida y amplia de todo tipo de mensajes engañosos. Este problema se ha revelado especialmente peligroso y dañino en el marco de la pandemia de Covid-19, en la que se ha detectado la circulación de grandes cantidades de mensajes falsos a través de distintos canales de comunicación. En este contexto, la difusión indiscriminada de mensajes deliberadamente adulterados se convierte en una segunda pandemia, que contribuye a amplificar los efectos nocivos del virus, pues promueve en la ciudadanía comportamientos alarmistas, irresponsables o, en cualquier caso, desinformados.

El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e Innovación en materias científicas relacionadas con la COVID-19 y sus consecuencias futuras. El GTM está compuesto por: José M. Ordovás (Presidente), Mariano Esteban, Rocío García-Retamero, Beatriz González LópezValcárcel, Alfonso Gordaliza, Marco Inzitari, Pedro Jordano, Itziar de Lecuona, Laura M. Lechuga, Ramón López de Mántaras, José Molero, Agustín Portela, Diego Puga, José Javier Ramasco, Francisco SánchezMadrid y Alfonso Valencia. Enric Banda actúa como observador, y Maria Sol Serrano Alonso como secretaria. Todos los componentes del GTM colaboran de forma desinteresada con el Ministerio de Ciencia e Innovación. En este informe además ha colaborado Mª Jose Rementeria (BSC).

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