La Ley 1453 de 2011, en el parágrafo del artículo 57, redujo el beneficio de descuento punitivo consagrado en el artículo 351 del C.P.P. cuando el imputado se allana a cargos, y fue declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-645 del 24 de agosto de 2012. Este trabajo realiza un estudio de dicha normatividad a la luz de los principios de igualdad, legalidad, proporcionalidad, lealtad procesal, y además las garantías consagradas e integradas por vía del bloque de constitucionalidad, de lo cual se concluyó que no solo atenta dicha normatividad contra la estructura del sistema penal acusatorio y las garantías precitadas, sino contra los parámetros trazados por los diferentes instrumentos internacionales suscritos y aprobados por Colombia que se han integrado a nuestro ordenamiento interno, toda vez que desconoce principios hermenéuticos que estructuran el favor rei como es el pro homine, pues ignora la interpretación más favorable en términos de sanción punitiva y de libertad del justiciable. Se deja en evidencia la falta de coherencia de la política criminal del Estado y el poco rigor jurídico en la decisión analizada de la Corte Constitucional.