La Decisión Andina 486 de 2000 reguló varias medidas relacionadas con la observancia y protección de los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, dicha decisión dejó de lado la regulación de medidas relacionadas con el recaudo probatorio de elementos requeridos para acreditar una potencial infracción. El presente artículo busca exponer la forma en que la práctica colombiana ha atendido estas medidas a través del mecanismo de las pruebas extraprocesales, y llamar la atención sobre la posible necesidad de regular lo propio a través del derecho andino.