Todas las regiones de España se vieron inmersas en las diferentes oleadas migratorias que se produjeron a lo largo del siglo XIX y hasta 1970. Navarra no fue una excepción. Ese proceso migratorio planteó un doble reto al nuevo Estado Liberal decimonónico. Por un lado, quienes emigraron eran compatriotas bajo la responsabilidad de las administraciones públicas. Por otro, no eran residentes y, por tanto, su participación civil en su lugar de origen y su defensa y protección desde diferentes instancias públicas resultaban muy difíciles.