El trabajo analiza de forma sistemática el tratamiento jurídico penal del sexting y de las denominadas ultrafalsificaciones o deepfakes de contenido sexual, examinando su encaje en los delitos contra la intimidad y, en su caso, en los relativos a la pornografía infantil. Respecto del sexting, se distingue entre modalidad primaria y secundaria, otorgando centralidad al umbral de los dieciséis años y a la validez del consentimiento en el ámbito de la libertad sexual. Se defiende una interpretación coherente que excluya la tipicidad —o, al menos, la concurrencia de los delitos de pornografía infantil y los subtipos agravados de los delitos contra la intimidad— cuando exista proximidad de edad y simetría relacional, reservando la intervención penal para supuestos de auténtica vulnerabilidad o asimetría. En relación con las ultrafalsificaciones, se estudia la relevancia típica de la creación y difusión de imágenes sexualizadas generadas artificialmente sin intervención real de la víctima, destacando los problemas de calificación jurídica que plantean.