La efectiva implantación del mercado interior europeo no solo ha comportadola posibilidad de acceso a los mercados de cada uno de los Estados miembros por parte de los operadores económicos, hasta entrelazar un auténtico espacio común de intercambio de bienes y servicios marcado por la libertad de competencia, sino que también les ha permitido desagregar todo el entramado empresarial de producción, distribución y/o fabricación de sus productos y servicios en los diferentes territorios de los Estados miembros. Ahora bien, la supresión de las barreras de entrada y demás obstáculos en el ejercicio de la actividad empresarial dentro del espacio europeo también requiere que las consecuencias económicas que surgen de estas mismas actividades deban ser afrontadas desde el terreno jurídico con idéntica perspectiva global y transfronteriza.