Podrá decirse que el llamado Derecho regulatorio no está todavía nucleado en torno a un objeto bien definido. Que carece de autonomía, que no se ha emancipado de otras disciplinas que le proveen de su instrumentario básico, que no se ha segmentado marcando las diferencias con ellas. Son apreciaciones que ciertamente pueden aceptarse en el marco de los clásicos debates académicos, cada vez más infrecuentes, en torno al objeto de cualquier rama del Derecho, sobre todo si se le atribuía el papel de protagonista —como asignatura— en ese guion que escribe la comunidad universitaria y se expresa en sus programas de estudios.