Gabriel, era vigilante jurado de una empresa de seguridad y disponía de un arma de fuego para el ejercicio de sus funciones laborales. La empresa en cuestión no requería a sus trabajadores que depositasen el arma al finalizar su jornada laboral, ni tenía habilitada una caja de seguridad o armero que actuase como depósito de estas. Es más, la empresa autorizaba a sus empleados a detentar el arma fuera de su jornada de trabajo. Gabriel, estaba separado de su expareja Juana, con quien tiene dos hijos en común y como consecuencia de ciertos trastornos leves de conducta estaba bajo tratamiento de ansiolíticos, sin llegar a padecer alteración mental grave alguna. Los hechos objeto de este dictamen suceden el día 1 de agosto de 1992. Cuando finaliza su jornada laboral, Gabriel acude a casa de Juana y, en el momento en que esta abre la puerta, le dispara en el abdomen con el arma de que disponían para el desarrollo de sus actividades laborales. La hermana de Juana, Magdalena, también se encontraba en el domicilio y después de oír el disparo e ir a ver que había ocasionada el ruido, es disparada en el brazo por Gabriel. A posteriori, Gabriel se dispara a sí mismo en la cabeza, sin llegar a causarse la muerte. Los hechos fueron enjuiciados en su momento ante la Jurisdicción Penal, que condenó a Gabriel por un delito de asesinato contra Juana y un delito de lesiones contra la hermana de esta Magdalena. En sede penal, Gabriel es condenado a pagar una indemnización de 240.404,84 euros a los hijos de su expareja Juana, y 17.429,35 euros a Magdalena, aunque se absuelve a la empresa de seguridad de responsabilidad civil derivada de delito. En la actualidad, los hijos de Juana y Magdalena acuden a mi Despacho para conocer si existe alguna posibilidad de actuar en vía civil contra la empresa de seguridad para obtener una indemnización de daños y perjuicios, por los hechos sucedidos en 1992.

Treballs Finals del Màster d'Advocacia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Barral i Viñals, Immaculada