[Resumen]: Desde que en el año 2010 se introdujo en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los debates doctrinales y jurisprudenciales acerca del encaje que este sistema de responsabilidad en la teoría jurídica del delito y en el sistema procesal penal español han sido constantes. Dentro del debate procesal, la cuestión probatoria constituye un aspecto de la máxima relevancia. En este sentido, la doctrina y los tribunales se plantean qué debe ser acreditado para condenar a una persona jurídica, es decir, cuál es el objeto de prueba en el proceso penal de las personas jurídicas. Pues bien, para contestar a la pregunta planteada, se hace preciso determinar los elementos constitutivos del ilícito penal imputable a la persona jurídica, el cual se integra, por una parte, por aquello que se ha dado en llamar el hecho de referencia o el delito presupuesto y, por otra, por las circunstancias previstas en el art. 31 bis CP, que permiten imputar responsabilidad a la persona jurídica por el delito cometido en su seno. Este complejo fáctico vendría a constituir el ilícito penal imputable al ente. Por lo tanto, tal y como afirma CALAZA LÓPEZ, el Ministerio Fiscal tendrá, en los procesos penales instaurados frente a las personas jurídicas, un doble desafío probatorio: el de acreditar, primero, la existencia del delito individual y después el delito corporativo, que implicará verificar que el primero no se hubiera producido si no fuera por la evidencia de un déficit organizativo­estructural o una defectuosa cultura de cumplimiento