El 5 de Marzo de 1999, el Consejo de Ministros aprobó el tan esperado Proyecto de Ley de Edificación. Era una ley de las más esperadas por todos los sectores económicos pues reunía los requisitos adecuados para determinar las eventuales responsabilidades de cara al consumidor y futuro propietario de la vivienda. La Administración central satisfacía así una antigua demanda no solo de los ciudadanos sino también de los agentes del sector y de los ámbitos jurídicos; ya que hasta la fecha, la falta de normativa sobre la edificación, un sector que genera del orden de un 8% del Producto Interior Bruto, mantenía un hueco que periódicamente se había cubierto con la aplicación del código civil, para establecer las responsabilidades oportunas. Según los datos del instituto de consumo, en el sector de la edificación las reclamaciones por falta de calidad ocupaban el primer lugar entre todos los sectores. Por lo que ante esta situación y para mejorar la calidad de los edificios, el gobierno consideraba que era una demanda incuestionable la ordenación técnica, administrativa y reglamentaria del sector de la construcción. Los objetivos que persigue esta ley son el de fomentar la calidad de la edificación estableciendo los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios y por otro el de delimitar las responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen el proceso de la edificación.