Los Registros de Delincuentes Sexuales son una institución implantada en diversos ordenamientos jurídicos para proteger a la infancia y a la adolescencia. Las prohibiciones y obligaciones asociadas a la inscripción registral restringen derechos fundamentales del condenado y determinan el modelo de distribución del riesgo entre el individuo y la sociedad. Tanto los ordenamientos jurídicos anglosajones como los continentales acuden a su naturaleza administrativa para defender su respeto a la prohibición de irretroactividad de la sanción y a un proceso con todas las garantías.Sin embargo, la jurisprudencia constitucional norteamericana más reciente empieza a defender la necesidad de procedimientos de revisión del riesgo de reincidencia, especialmente en aquellos casos en los que la inscripción puede extenderse por periodos de hasta treinta años o incluso de por vida.