Una Administración que merezca el adjetivo de “pública” debe incorporar la construcción y garantía de los Derechos Humanos a su organización, recursos y propósito. De hecho, los Derechos Humanos se erigen en el pegamento o elemento conector entre ciudadanía, política y organización administrativa. La mirada de la derecha radical populista sobre la Administración y los Derechos Humanos, anclada en su fórmula ganadora (xenofobia, orientación autoritaria y conservadora en cuestiones de valores, y neoliberalismo en materia económica) permite extraer algunas conclusiones: preferencia por fortalecer el nivel nacional de gobierno, lo que afecta al sistema de relaciones intergubernamentales; gestión nacional de los grandes procesos y amenazas globales, lo que se nutre de una desconfianza en las instituciones internacionales; un fortalecimiento de las políticas y áreas relacionadas con el orden interno y el freno a la inmigración ilegal; un prejuicio negativo hacia la gestión pública de las políticas del bienestar, que se ven como caras y desmovilizadoras para la ciudadanía; una confianza desmedida en el mercado como instrumento para generar bienestar social; y, finalmente, una preferencia por la garantía pública de algunos derechos de carácter individual y un relativo desprecio de esa misma garantía para los derechos sociales.