Existen siete tipos de procesos penales en nuestro código procesal penal, uno de ellos es el proceso inmediato, tipo de proceso que fuera modificado de su original dación a través del Código Procesal Penal de 2004, a través del Decreto Legislativo N° 1194. Ante el actual panorama de incertidumbre de seguridad en las calles, se plantea desde el punto de vista legislativo que existen determinados hechos con contenido penal que no requieren de mucho tiempo para poder investigar, acusar y obtener de ser el caso una decisión jurisdiccional de fondo de manera rauda, y en razón de ello como respuesta a esta batahola de inseguridad ciudadana entra a tallar el reformado proceso inmediato el cual busca obtener respuesta rápida y sanción de ser el caso ante casi cualquier tipo de delitos. Desde luego, la ley puede señalar parámetros de aplicación, pero la aplicación también implica interpretación y para ello están los operadores fiscales y judiciales, llámese fiscal y juez para determinar si un denominado delito debe o no tramitarse en esta vía, situación que muchas veces en la praxis judicial se advierte que no existen decisiones acordes a ley habida cuenta que a veces se advierte que no se toman en cuenta presupuestos como son la ausencia de complejidad, evidencia delictiva o delito evidente. En tal sentido, la presente investigación se conduce a analizar y plantear razones por las cuales los procesos inmediatos se ven circunscritos en una serie de defectos de aplicación de índole procesal debido a que los operadores de justicia, como son los fiscales y otras veces los propios jueces no habrían aplicado correctamente los requisitos que prevé la Ley para incoar un proceso inmediato, y si bien en la Corte Superior de Justicia del Santa en gran medida se ha cumplido con los presupuestos, no es menos cierto también que existen más de un centenar de expedientes en donde se advertiría defectos de aplicación lo cual se desarrollará en el presente trabajo de investigación