Una de las finalidades del proceso penal es indagar y averiguar la verdad de los hechos delictivos, en esta tarea la actividad probatoria resulta ser determinante para decidir si estos hechos se han producido o no, y si realmente puede ser imputable a determinada persona. Desde esta perspectiva probatoria, nuestro interés en la presente investigación ha radicado en el estudio de la denominada prueba excepcional o prueba de oficio, es decir, en aquella prueba actuada en la etapa de juzgamiento (al concluir la actividad probatoria), a solicitud de las partes o por decisión del juez. En este propósito, el objeto del estudio fue determinar cómo o bajo qué criterios se viene aplicando esta institución procesal en la etapa de juzgamiento, si partimos del hecho de que el artículo 385 del Código Procesal Penal es genérico al regular esta prueba. A partir de este análisis, el problema planteado fue: ¿Qué razones, jurídicas y fácticas justifican establecer determinadas condiciones que debe cumplir la prueba de oficio para su admisión y actuación en la etapa de juzgamiento del proceso penal? En la investigación se ha planteado razones atendibles, de naturaleza jurídica y fáctica, que demuestran que la regulación normativa actual de la prueba de oficio vulnera algunos principios procesales como, por ejemplo, la independencia, la motivación y la contradicción. En tal sentido consideramos que los criterios propuestos en este trabajo se deben tener en cuenta para su interpretación y aplicación, para garantizar el debido proceso y dotar de legitimidad a la administración de justicia.