En un proceso penal siempre hay un vencido y un ganador, depende cómo sea el pronunciamiento judicial, es decir, si estamos ante una sentencia condenatoria o ante una sentencia absolutoria. Y sucede que cuando estamos ante una sentencia condenatoria, siempre tenemos en mente que dicha persona condenada recibirá no solo una sanción penal, sino que también se le impondrá una sanción civil. Esto, porque nuestro en nuestro Código Penal se ha establecido que la reparación será determinada conjuntamente con la pena, siendo esto, una deficiente técnica legislativa que ha generado una serie de confusiones. Del análisis realizado tanto de la doctrina nacional como extranjera, nos hemos percatado que dichas confusiones se deben al mal tratamiento que se da a la institución jurídica reparación civil, y esto parte por no saber reconocer la naturaleza jurídica de la misma. Asimismo, hemos sido testigos, tanto por haber participado en audiencias – donde se ha debatido, entre otros, el extremo de la pretensión civil- o haber dado lectura a los pronunciamientos fiscales y judiciales, que el problema planteado aún se mantiene, que es, el no saber aplicar correctamente los dispositivos legales que desarrollan la reparación civil. Siendo así, apuntamos con el presente trabajo de investigación, partiendo de la mejor bibliografía y análisis de pronunciamientos judiciales discutidos por jueces supremos y superiores, quienes de alguna manera, son los que dictan las directrices para la mejor aplicación de los dispositivos legales, sistematizar el estado de la cuestión. Proponiendo pautas que nos permitan entender mejor la institución jurídica de la reparación civil, y a partir de esto, resaltar el rol que cumple el actor civil en el proceso penal, identificando plenamente quien es el legitimado para pedir la reparación civil.