En el presente trabajo de investigación se ha pretendido desentrañar porqué en la comunidad jurídica el instituto de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta no viene produciendo el efecto deseado, esto es, invalidar una resolución judicial obtenida por algún hecho fraudulento, afectando el derecho a un debido proceso, debido esencialmente a que se procura que se revise el fondo de la causa primigenia, se merituen nuevamente las pruebas, o que se interprete una norma en determinado sentido frente a una decisión judicial que resulto adversa a alguna de las partes del proceso, a pesar de ser una figura procesal excepcional, a la cual se debe recurrir sólo cuando haya mediado al interior del proceso fraude o colusión. Como se sabe, si bien es aceptable interponer una acción de nulidad autónoma contra la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, ello no debe quebrantar los valores de justicia, equidad y seguridad jurídica. Frente a este panorama jurídico, se ha propuesto una reforma el último párrafo del artículo 178 del Código Procesal Civil, el mismo que debe perfeccionarse, en el extremo que no solo se sancione al demandante cuya demanda no fuera amparada con el pago de costas y costos procesales, sino también se sancione con multa al abogado patrocinador que intente interponer maliciosamente una demanda de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta sin acreditar debidamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para su interposición, así como la alegación debidamente sustentada (pruebas) de que el proceso cuya nulidad se pretende a mediado fraude Procesal.