Teniendo en cuenta lo importante que se ha tornado el Proceso Inmediato con su nueva implementación en virtud del Decreto Legislativo N°1194, que señala un proceso con aras de lograr mayor eficacia y celeridad de los procesos penales, contribuyendo de esta manera a la disminución de la carga procesal, además este proceso se establece como medida para luchar contra la delincuencia pero siempre bajo el compromiso de actuar con mucha responsabilidad. El nuevo proceso penal se ha establecido como un proceso obligatorio para los casos de flagrancia, entendida esta como la aprehensión del delincuente en el momento de cometer el hecho o inmediatamente después, o ser hallado con rastros, instrumentos u objetos que hacen presumir de modo suficiente la responsabilidad. Podemos decir entonces que la flagrancia se produce en el momento en que el sujeto lleva a cabo la comisión de un delito, y que autoriza a la policía así como a los funcionarios públicos determinados para detenerlo cuando no se tiene un mandato judicial previo. Los casos de flagrancia en el nuevo proceso inmediato podrían vulnerar algunos derechos fundamentales como la legítima defensa y el debido proceso, además que con la implementación de este proceso se teme una debida proporcionalidad en la determinación de la pena. El principio de proporcionalidad se refiere a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una pág. 9 privación o una restricción de la libertad. Actualmente el principio de proporcionalidad posee en el derecho penal un significado muy relevante, pues el fin que se persigue a través de las normas penales es único: protección de los bienes jurídicos frente a lesiones, o puestas en peligro a través de la amenaza penal, además porque a este fin se alcanza a través del medio de la desaprobación ético social del comportamiento delictivo, la mayor sanción de la que dispone el estado.