En el proceso penal, prevalece como principio esencial de toda su configuración el derecho a la presunción de inocencia, el juez no puede dictar un fallo condenatorio sino en virtud de una actividad probatoria constitucionalmente válida, en cuya práctica se asegure el respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales, y de la que logre constatar la culpabilidad del procesado, concluyendo, sin margen de duda razonable, que aquella verdad interina de inocencia ha quedado plenamente desvirtuada. Esa específica actividad intelectual del juzgador corresponde, precisamente, con la prueba indiciaria. En orden a las ideas expuestas, el trabajo de investigación desarrollado se dirige a contribuir al estudio y discusión en torno a la prueba indiciaria, con el interés de servir de herramienta en el análisis de la compleja labor que desarrollan jueces y magistrados en su función de enjuiciamiento, particularmente desde la perspectiva del proceso penal, en el que la presunción de inocencia que opera a favor del acusado determina dificultades adicionales concernientes a la materia que se estudia, las que tienen que ver con cuestionamientos acerca de la efectiva garantía de ese derecho e, incluso, con concepciones que ubican a la prueba indiciaria en un plano de subsidiariedad con relación a los distintos medios de prueba. El trabajo se orienta, desde un inicio, a destacar la utilidad que la prueba indiciaria proyecta en la actualidad en la labor que compete al juez en el proceso penal, específicamente en la constatación de los supuestos de hecho que conforman el objeto de la causa, en tanto es factible alcanzar la convicción judicial sin vulneración de derechos fundamentales, cuestión que determina un concreto interés por identificar las exigencias y condiciones cuyo cumplimiento respalda la doctrina.