Es innegable que los Estados tienen el deber de establecer un sistema diferenciado de sanciones para los menores infractores, el cual debe estar orientado por la doctrina de la Protección Integral que sustenta la Convención sobre los Derechos del Niño, y que implica que se rodee de las máximas garantías al proceso que se sigue a un adolescente infractor, proceso en el que se establecerá su responsabilidad, la que a su vez puede generar la privación de su libertad por tiempos muy prolongados, según las últimas modificaciones introducidas al Código de los Niños y Adolescentes, mediante el Decreto Legislativo N° 1024. El problema que se analiza en el presente trabajo de investigación radica en que de manera incorrecta los hechos delictivos cometidos por menores, en nuestro país, reciben un tratamiento jurídico totalmente asimétrico en comparación con los adultos, situación que se suscita por no reconocer que nos encontramos frente a un Derecho Penal especial. La ausencia de una doctrina jurídica que explique los elementos de la culpabilidad del adolescente es una de las razones de dicha desigualdad, por lo que nuestro aporte es la formulación de criterios jurídicos que sustenten la culpabilidad del adolescente infractor de la ley penal, ya que ello contribuirá a la imposición de sanciones debidamente fundamentadas, con respeto a los Principios que informan la Convención sobre los Derechos del Niño. En los años de vigencia de la Convención sobre los derechos del Niño, han surgido en muchos países posiciones y discusiones de reconocidos juristas, las que se han analizado en el presente trabajo y que revelan la necesidad de uniformizar criterios para otorgar un tratamiento legal diferenciado y garantista a los adolescentes infractores.