En el Estado constitucional de derecho aún hay alhóndigas por incendiar. Las relaciones del poder con la sociedad civil son objeto de revisión y a nadie extrañe que en el futuro cercano importen cambios significativos por el bien de México. Los gobernantes están expuestos como nunca antes a un riguroso escrutinio social y deben mejorar las acciones para no ser rebasados. Los órganos de la administración pública y los poderes legislativos y judiciales tienen la ardua responsabilidad de efectivar la Constitución, que de lo contrario es letra muerta, “un pedazo de papel”. (Esta frase de Lassalle cobró celebridad en su día y hoy es emblemática). Dos instituciones ejemplares pueden contribuir notablemente a la ciencia jurídica en nuestro país: la inconstitucionalidad por omisión y la facultad interpretativa del legislador. Ambas son herramientas poderosas para fortalecer el orden constitucional.