En la actualidad, el aumento del tráfico patrimonial ha aportado significativos ingresos al sistema económico y tributario peruano. Estas disposiciones patrimoniales se manifiestan con la celebración de un negocio jurídico. No obstante, mientras más ascienden los índices de las transferencias, más se acrecientan las formas de defraudación y criminalidad entre los sujetos intervinientes y en la administración pública. El ordenamiento jurídico peruano otorga ciertas medidas para evitar o, en todo caso, subsanar algunas deficiencias en la celebración de un negocio; pues en algunos casos, una de las partes intervinientes obra con una finalidad completamente ilícita. Así pues, por ejemplo, para los actos celebrados por un sujeto sin un poder de representación o estando este ya se encuentra extinto, el Código Civil sanciona con la imposibilidad del acto de surtir efectos jurídicos respecto del representado. La complejidad y confusión que genera el uso y aplicación de la ineficacia en los operadores de derecho ha generado que pocas veces sea invocada en un proceso civil; es por ello que considero que con la aplicación de un remedio jurídico más comprensible y conducente, se podrá disminuir el índice de fraude al momento de la celebración de un negocio jurídico.