El propósito de la investigación es analizar la aplicación del principio de culpabilidad, desde un enfoque administrativo sancionador, en el contexto de incumplimientos a la obligación de monitorear operaciones habituales con tarjetas de pago. Para ello, apuntamos al análisis de resoluciones del Tribunal del Indecopi (periodo 2019-2022) sobre la materia, tomando posición previamente respecto a la validez de la aplicación de principios garantistas penales al ámbito administrativo sancionador señalado. Refiriendo la concurrencia de los principios de protección de los intereses de los consumidores y el principio de culpabilidad, ambos con respaldo constitucional, planteamos un examen de ponderación conforme el modelo de Alexy, buscando una relación de precedencia entre ambos, analizando si es posible validar la inversión de la carga de la prueba (manifestación de responsabilidad objetiva), pero con mayor énfasis la pertinencia de una análisis de tipicidad subjetiva en el mercado propuesto, basado en estándares de niveles de cumplimiento de la medida de seguridad de monitoreo. La revisión de la muestra de resoluciones aportará los criterios de habitualidad actualmente aplicados por el Tribunal, así como observaciones sobre su carácter no vinculante y la ausencia de predictibilidad, aspectos que consideramos de suma importancia en un enfoque de la tipicidad subjetiva, en tanto pueden afectar la posibilidad de imputar al proveedor un adecuado conocimiento de los parámetros necesarios para implementar las respectivas medidas de seguridad. Finalmente, aportamos propuestas desde cuatro enfoques buscando validar el ejercicio del ius imperium en el mercado referido en el contexto de un Estado Democrático de Derecho.