Uruguay conoció, desde los noventa hasta ahora, dos impulsos fuertes de reforma del área pública de la vivienda de impronta gerencialista. El primero, frustrado, se registró en 1991, y formó parte de una corriente de reforma estatal de tendencia liberal. El segundo, exitoso, ocurrió en 2008 en el marco de un gobierno de izquierda. El artículo analiza ambas reestructuras institucionales, sus procesos de implementación, los actores más importantes y los resultados alcanzados

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