El sistema de justicia administrativa en España enfrenta múltiples problemas. Estos incluyen una elevada tasa de litigios, congestión, lentitud y baja calidad en las resoluciones judiciales. Además, hay una falta de formación especializada de los magistrados y una ineficacia en la prevención de litigios. La Ley 39/2015 regula los recursos administrativos ordinarios, pero la proliferación de recursos especiales introduce inseguridad jurídica. Los recursos administrativos no son efectivos para evitar litigios, carecen de independencia y especialización, y la obligación de agotar la vía administrativa antes de acudir a la justicia contencioso-administrativa retrasa el acceso a un tribunal independiente.

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