En el actual Sistema Penal colombiano, teniendo en cuenta que es de índole acusatorio, la etapa del juicio se enmarca en los principios inmediación, concentración, publicidad, contradicción y confrontación de la prueba, constituyéndose en el núcleo fundamental del proceso, ya que con la práctica y valoración de las pruebas el juez ha de tener la convicción necesaria para abordar cada caso (Bedoya, 2008). Cabe resaltar, que en principio solo tienen la naturaleza de pruebas las practicadas en el juicio oral y en presencia del Juez de conocimiento tal como lo prevé el artículo 16 de la ley 906 de 2004, y de su enunciado se desprende que deben existir las plenas garantías de un debido proceso para las partes, en satisfacción de los principios de contradicción y confrontación, que si no se cumpliera significaría una violación del artículo 29 de la Carta que no es otra cosa que la vulneración constitucional. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-034 de 2014, hace alusión a las garantías del debido proceso probatoria, indicando que el artículo 29 de la Constitución impone la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria así: (i) el derecho para presentarlas y solicitarlas, (ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra, (iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción, (iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste, (v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts. 2 y 228 de la Constitución Política de 1991) y (vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso. La prueba es determinante para el proceso decisivo que tiene el juez, de esta manera el Código de Procedimiento Penal en su artículo 7 y 372, expresa que la prueba tiene el fin de llevar al Juez más allá de toda duda razonable, los hechos y circunstancias materia del Juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, autor o participe, constituyéndose el derecho a la prueba como uno de los principales ingredientes del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia, y como vinculo para alcanzar la verdad en una investigación judicial. Estos argumentos han sido reiterados en varios pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional en las sentencias T-589 de 1999, T-171 de 2006, T-555 de 1999 y C 496 de 2015, según la cual en desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política de 1991, la persona que sea sindicada tiene derecho a la defensa y, por lo tanto, de esa norma —que responde a un principio universal de justicia— surge con nitidez el derecho, también garantizado constitucionalmente, a controvertir las pruebas que se alleguen en contra del procesado y a presentar y solicitar aquellas que se opongan a las pretensiones de quienes buscan desvirtuar la presunción de su inocencia (Corte Constitucional, T-589, 1999; Corte Constitucional, T-171, 2006; Corte Constitucional, T-555, 1999; Corte Constitucional, C 496, 2015). En el ámbito de los delitos sexuales contra menores de edad, el ordenamiento jurídico proteccionista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo las diferentes circunstancias que rodean estos casos y la dificultad de obtener pruebas directas, permite que a través de los actos de investigación se obtengan pruebas de los sucesos de donde objetivamente pueda inferirse que los hechos reprochables ocurrieron tal y como los relata la víctima. Estas versiones previas recolectadas por fuera del juicio oral por regla general, solo constituyen actos preparatorios del juicio oral, y excepcionalmente tienen la vocación de demostrar un hecho cierto en el juicio oral, además que su uso durante es pertinente para el esclarecimiento de la verdad dentro del proceso. Si bien el testimonio del menor víctima de estos delitos, constituye la única prueba directa dentro del proceso, la Fiscalía como ente acusador cuenta con diversas posibilidades para presentar en el juicio oral la declaración de un niño que comparece en calidad víctima de delitos sexuales u otras conductas graves, a saber: i) hacer uso de la prueba anticipada; ii) solicitar la declaración anterior como prueba de referencia o iii) presentar al menor como testigo en el juicio oral (CSJSP, 11 jul. 2018, rad. 50.637; CSJSP, 20 mayo 2020, rad. 52.045; entre otras). La decisión del fiscal debe ajustarse a las particularidades de cada caso, a los requisitos legales y las consecuencias de optar por una de estas opciones. Es así, que cuando opta por presentar al menor víctima de abuso sexual como testigo en el juicio oral, debe considerar que en la práctica judicial la victima puede retractarse y cambiar de versión, situaciones antes las cuales el funcionario judicial puede incorporar como prueba autónoma durante el testimonio de la víctima en el juicio oral sus declaraciones rendidas por fuera del juicio oral. Incorporar las versiones del menor victima recibidas por fuera del juicio oral como testimonio adjunto durante la práctica de su testimonio en el juicio, es una herramienta para las partes desarrollada por la jurisprudencia como respuesta ante los fenómenos de retractación y cambio de versión de los menores víctimas de frecuente ocurrencia, que además de salvaguardar la infancia y la adolescencia, y efectivizar el mandato constitucional, siempre y cuando se cumplan los requisitos de su incorporación permite el ejercicio de las garantías debidas al procesado.

In the current Colombian Penal System, taking into account that it is accusatory in nature, the trial stage is framed in the principles of immediacy, concentration, publicity, contradiction and confrontation of evidence, constituting the fundamental core of the process, since with When practicing and evaluating the evidence, the judge must have the necessary conviction to address each case (Bedoya, 2008). It should be noted that in principle only those conducted in the oral trial and in the presence of the hearing judge are considered evidence, as provided for in Article 16 of Law 906 of 2004, and from its statement it follows that there must be full evidence. guarantees of due process for the parties, in satisfaction of the principles of contradiction and confrontation, which if not met would mean a violation of article 29 of the Charter, which is nothing other than a constitutional violation. In this regard, the Constitutional Court in ruling C-034 of 2014, refers to the guarantees of due process of evidence, indicating that article 29 of the Constitution imposes the need to observe and regulate certain minimum guarantees in evidentiary matters as follows: (i) the right to present and request them, (ii) the right to dispute the evidence presented against him, (iii) the right to publicity of the evidence, since in this way the right of contradiction is ensured, ( iv) the right to regularity of the evidence, that is, observing the rules of due process, with any evidence obtained through violation of this being null and void, (v) the right to have the tests carried out ex officio that are necessary to ensure the principle of realization and effectiveness of rights (arts. 2 and 228 of the Political Constitution of 1991) and (vi) the right to have the evidence incorporated into the process evaluated by the judge. The evidence is decisive for the decisive process that the judge has, in this way the Code of Criminal Procedure in its article 7 and 372, expresses that the evidence has the purpose of taking the Judge beyond all reasonable doubt, the facts and circumstances. matter of the Trial and those of the criminal responsibility of the accused, author or participant, constituting the right to evidence as one of the main ingredients of due process and the right of access to the administration of justice, and as a link to achieve the truth in a judicial investigation. These arguments have been reiterated in several pronouncements by the Constitutional Court in sentences T-589 of 1999, T-171 of 2006, T-555 of 1999 and C 496 of 2015, according to which in development of article 29 of the Constitution of 1991, the person who is accused has the right to defense and, therefore, from that norm - which responds to a universal principle of justice - the right, also constitutionally guaranteed, to dispute the evidence that is presented clearly emerges. allege against the accused and to present and request those that oppose the claims of those who seek to undermine the presumption of his innocence (Constitutional Court, T-589, 1999; Constitutional Court, T-171, 2006; Constitutional Court, T-555 , 1999; Constitutional Court, C 496, 2015). In the field of sexual crimes against minors, the protectionist legal system of the rights of children and adolescents, taking into account the different circumstances surrounding these cases and the difficulty of obtaining direct evidence, allows through acts During the investigation, evidence of the events is obtained from which it can objectively be inferred that the reprehensible events occurred as reported by the victim. These previous versions collected outside the oral trial, as a general rule, only constitute preparatory acts for the oral trial, and exceptionally have the purpose of demonstrating a true fact in the oral trial, in addition to their use during the oral trial being pertinent to the clarification of the truth within the oral trial. of the process. Although the testimony of the minor victim of these crimes constitutes the only direct evidence in the process, the Prosecutor's Office as the prosecuting entity has various possibilities to present in the oral trial the statement of a child who appears as a victim of sexual or other crimes. serious conduct, namely: i) making use of advance testing; ii) request the previous statement as reference evidence or iii) present the minor as a witness in the oral trial (CSJSP, July 11, 2018, rad. 50.637; CSJSP, May 20, 2020, rad. 52.045; among others). The prosecutor's decision must be adjusted to the particularities of each case, the legal requirements and the consequences of choosing one of these options. Thus, when you choose to present the minor victim of sexual abuse as a witness in the oral trial, you must consider that in judicial practice the victim can retract and change her version, situations before which the judicial official can incorporate as autonomous evidence during the testimony of the victim in the oral trial, his statements made outside the oral trial. Incorporating the versions of the minor victim received outside the oral trial as attached testimony during the practice of his testimony in the trial, is a tool for the parties developed by jurisprudence in response to the phenomena of retraction and change of version of the minor victims. of frequent occurrence, which in addition to safeguarding childhood and adolescence, and giving effect to the constitutional mandate, as long as the requirements for its incorporation are met, allows the exercise of the guarantees due to the accused.

Magister en Derecho Penal y Procesal Penal

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