La contratación pública entendida como la forma a través de la cual se satisfacen las necesidades de los administrados por parte del Estado y se prestan los servicios públicos a cargo de este, cuenta con una serie de mecanismos jurídicos contractuales que permiten a la administración hacer prevalecer el bien común y los principios de la función pública. El artículo 11 de la ley 1150 de 2007 es la disposición normativa que actualmente rige el plazo de liquidación de los contratos estatales en el Estado Colombiano, sin embargo, esta norma surgió después de un recorrido normativo y jurisprudencial de más de 20 años, en tal sentido es indispensable conocer su alcance y las consecuencias jurídicas de su aplicación, acudiendo entre otros, a su exposición de motivos y al análisis gramatical de su tipificación. La obligatoriedad de liquidar los contratos estatales ha sido debatida doctrina y jurisprudencialmente, encontrando distintos puntos de vista y argumentos para tales posiciones, entre tanto, la ley 80 de 1993 tipifica la obligatoriedad de tal actuación para todos los contratos estatales celebrados por entidades públicas sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Siendo la liquidación del contrato estatal una obligación legal, y estableciendo el ordenamiento un plazo para realizarla, se evidencia que muchos contratos son liquidados por parte de las entidades públicas extemporáneamente, es entonces donde surge la presente investigación a fin de determinar cuáles son los efectos jurídicos de aquellas liquidaciones bilaterales celebradas una vez a vencido el plazo establecido en la norma para tal fin (Contraloría Departamental de Casanare, 2018).

Public procurement, understood as the way in which those ruled by the State have their needs met and the public services provided to, has a series of contractual legal mechanisms that allow the public administration to make the common good and principles of public service prevail. The article 11 of the Law 1150 of 2007 currently rules the term for the settlement of public contracts in Colombia. However, this legislation emerged after a legal and jurisprudential journey of more than 20 years; therefore, it is essential to know the scope and legal consequences of its application, including, among others, its explanatory memorandum and the grammatical analysis of its drafting. Whether there is an obligation to settle public contracts has been debated both doctrinally and jurisprudentially, finding different points of view and arguments for and against it. Meanwhile, the law 80 of 1993 drafts the obligation of taking such action for all public contracts by public institutions that are subject to the General Statute for Contracting of the Public Administration. If the settlement of the public contract is a legal obligation, with a specific term to carry it out, it is clear that many contracts are settled by public institutions out of time. This research is taking place in order to determine what are the legal effects of the bilateral settlements that are being made once the term established in the legal code for such purpose has expired.

Magister en Derecho Contractual Público y Privado

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