En la organización de los estados siempre ha sido una constante la preocupación por vigilar los tesoros de este, desde la época romana se tiene conocimiento del cobro de los impuestos, llamados tributum o stipendium, que constituían los tesoros de la nación (Petit, 2002: 235); en la conquista española sobre los territorios americanos, hubo entre las varias formas recaudar los impuestos y de fiscalizar los mismos, diferentes controles que buscaban que los tributos llegaran en buena medida al rey español, una institución que denominaron los “Juicios de Residencia”, estaba dirigida especialmente a “la rendición de cuentas de los bienes fiscales puestos bajo la administración de los funcionarios, principalmente cuando se retiraban de los cargos”. Ya después con la Revolución Francesa1 y Norteamericana2 en las que se desprende el capital de la monarquía de la del Estado, se comienza a canalizar una forma de fiscalizar los recursos pertenecientes a la patria, mediante un organismo autónomo independiente de las ramas del poder público que pudiera, de manera eficiente, ejercer control sobre los recursos patrimoniales del tesoro público.

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