La experiencia italiana no parece haber dado resultados especialmente gratificantes en lo que respecta a la creación de "zonas francas" en general, pero esto parece deberse a los limitados recursos disponibles, que no permitieron financiar totalmente las instalaciones. Con motivo de la aplicación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, este tipo de intervención podría volver a proponerse para las zonas urbanas caracterizadas por la criticidad y el desamparo social. Hoy en día, el concepto de zona franca se presta a ser enriquecido con significados y declinado en nuevas formas para hacer frente a los retos de la transición post-pandémica y ecológica, como en el caso de la "zona verde", en la que la introducción de una normativa fiscal favorable dirigida a las inversiones productivas -precisamente ecosostenibles u orientadas a la innovación y la transición digital- podría representar también una herramienta útil para contrarrestar la despoblación. Estas medidas deben incluirse en las ayudas regionales, previstas en el tercer párrafo del artículo 107 (en particular, la letra a)) como excepción a la prohibición general de las ayudas estatales. En nuestro país, estos objetivos se han vuelto probablemente aún más pregnantes y respetuosos con los principios contenidos en nuestra Carta Constitucional, ya que desde enero de 2022 se ha incluido por primera vez el concepto de "Medio Ambiente" entre los valores expresamente protegidos por nuestra Ley Fundamental, con base en los artículos 9 y 41. Esto ayudaría a superar con mayor convicción las ulteriores y posibles dudas que surgirían en referencia a la utilización del tratamiento preferencial (exceptuando así el régimen fiscal ordinario) a favor de quienes desarrollen actividades productivas en los territorios desfavorecidos configurados como "zonas verdes libres", pues este favor legislativo estaría en perfecta consonancia no sólo con los dictados supranacionales sino, ahora, también con los constitucionales.