Desde 2001 las Comunidades Autónomas han estado sujetas a reglas fiscales en materia de déficit y deuda. Esta normativa, sin embargo, no impidió que algunas Comunidades Autónomas incumpliesen sus objetivos de estabilidad presupuestaria, probablemente porque carecía de un sistema de sanciones eficaz. El presente trabajo examina la Ley Orgánica 2/2012, dictada en desarrollo del reformado artículo 135 CE, y en especial se centra en las amplias facultades de control que esta Ley atribuye al Estado con el objeto de imponer a los gobiernos autonómicos el cumplimiento efectivo de los límites déficit y endeudamiento.

Since 2001 the Autonomous Communities have been subject to formal fiscal rules with regard to the deficit and debt. However, this regulation did not prevent some Autonomous Communities failed to comply with the budgetary stability objectives, probably because it lacked an effective system of sanctions. This paper examines the Ley Orgánica 2/2012, established to implement the new article 135 of the Spanish Constitution, and focuses particularly on the broad supervisory powers that this Act gives to the State to impose regional governments meet the deficit and debt limits.

Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces PRY113/12