Durante varias décadas consecutivas, los sucesivos gobiernos del estado español han empleado el sector inmobiliario y de la construcción como motor de la economía nacional y de la generación de empleo, enfocando las políticas de forma predominante al aumento cuantitativo de la producción de viviendas en el mercado. Para ello se han basado en el fomento de la propiedad individual, dirigiendo las ayudas públicas a la adquisición de viviendas, y penalizando con distintas reglamentaciones el régimen de alquiler. Además, paulatinamente se abandona la promoción de vivienda pública, al tiempo que la existente se va enajenando. La especulación con el valor de la vivienda junto con la falta de alternativas habitacionales, lleva a que amplios segmentos de población, y especialmente los más vulnerables, vean su demanda de alojamiento insatisfecha. Al mismo tiempo el aumento de la producción ha depredado el territorio en base a modelos urbanos insostenibles, dejando un inmenso parque de vivienda vacías. A diferencia de España, en otros países de Europa y América latina existe un tercer sector que promueve y gestiona vivienda sin ánimo de lucro, donde se sitúan las cooperativas de vivienda de tenencia colectiva. Esta fórmula pretende impedir la especulación con la vivienda, preservando su valor de uso de manera permanente. Se trata de modalidades que integran la participación social a lo largo del proceso de producción sociohabitacional, desarrollando la organización colectiva y la gestión democrática. Además suponen un apuesta por la recualificación de la ciudad existente, a través de la diversificación de la trama urbana y de la puesta en uso y mantenimiento de los conjuntos residenciales. Tras el estudio del sistema residencial en Andalucía, analizamos distintas experiencias nacionales e internacionales de cooperativas de viviendas de tenencia colectiva. Las claves obtenidas nos ayudarán a trazar algunas líneas estratégicas para el fomento desde la política pública de estas modalidades en nuestro territorio.