La reforma del proceso laboral acometida por la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, presenta como uno de sus ejes prioritarios la implantación de medidas de modernización y agilización del procedimiento social. Entre esas medidas se encuentra el proceso monitorio pensado para dar trámite a las reclamaciones frente a empresarios -que no se encuentren en situación de concurso-, referidas a cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada, derivadas de su relación laboral, que no excedan de seis mil euros. En este trabajo se procura un análisis de la configuración legal de esta figura en apariencia sencilla y novedosa en el ámbito laboral, partiendo de la experiencia doctrinal y jurisprudencial ofrecida por el proceso monitorio civil. Ello nos ha servido de base para examinar cuáles han sido las especialidades introducidas por el legislador social, a la vez que prestar particular atención a problemas específicos relacionados con su puesta en práctica.