El estudio consiste en un análisis de incidencia normativa del gasto público en sanidad y educación en España, para los años 2005 y 2008, respectivamente. El marco metodológico de la incidencia normativa tiene el objetivo de determinar cómo alteran los programas de gasto la renta de los hogares en el corto plazo y en un contexto de equilibrio parcial. En nuestro estudio hemos aplicado tal marco metodológico, introduciendo algunas novedades que permiten alcanzar una información más precisa (con respecto a análisis anteriores) del tipo de servicio al que accede cada individuo. Por lo que respecta al gasto sanitario, los resultados de nuestro análisis apuntan en la línea de sus predecesores referidos a las dos últimas décadas: el gasto sanitario es progresivo y redistributivo, lo que apoya el argumento de equidad tradicionalmente atribuido a la política sanitaria como uno de los ejes del estado del bienestar. El gasto sanitario beneficia en gran medida a los grupos sociales más desfavorecidos y de forma considerable a las clases medias. Los colectivos de rentas más altas desvían de forma notable su consumo hacia la provisión privada. Por lo que respecta al análisis aplicado al gasto educativo, éste tiene un efecto agregado progresivo y redistributivo, aunque ambos son ligeramente menores a los que hemos detectado en el caso de los gastos sanitarios. Nuestros resultados, en este ámbito, son cercanos a los de análisis efectuados con metodologías muy similares, aplicados a datos de la década de 1990. En buena medida esta menor progresividad y capacidad distributiva del gasto público en educación están causadas por el efecto de la financiación pública de los centros educativos privados, por la financiación del nivel educativo superior y por el gasto directo en becas, todos ellos con efectos regresivos en términos absolutos.