La regulación del personal directivo de los Organismos públicos ha dado un giro con la posibilidad de aplicación del régimen jurídico-laboral. De forma fue la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado público, ha abierto la puerta, en un espacio tan hermético como el sector público institucional, a la entrada de una figura propia del ámbito empresarial, como es la del alto directivo laboral regulado por el Real Decreto 1382/1985. Sin embargo, la aplicación del régimen jurídico laboral en el ámbito público plantea no pocos problemas, de los que el más relevante es la delimitación con otras figuras jurídicas con las que limita por arriba y por abajo; y al que se añade la indemnización por cese o, en su caso, por despido.