La Constitución Española de 1978 contempla el principio de igualdad en diferentes apartados del texto con unas garantías jurídicas de eficacia dispares. El valor igualdad encabeza la Carta Magna al identificarse con una de las concreciones del Estado Social y Democrático de Derecho, art.1.1 CE. Se reconoce la igualdad formal ante la Ley que se reflejará en la igualdad real y efectiva, art.9.2 CE. Para conseguir los efectos igualitarios de una norma en la realidad (eficacia material) es imprescindible una acción política de enorme trascendencia con proyección transfronteriza. La igualdad de género implica decisiones normativas, acciones sociales, políticas activas encaminadas a la eliminación de discriminación, acciones de incorporación del mainstreaming de género y la evaluación de su impacto. Todas estas actuaciones tienen como objetivo prioritario lograr la equiparación en la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos sociales entre hombres y mujeres. En las líneas que siguen realizaremos un estudio sistemático y comprensivo de la mayoría de las propuestas y recomendaciones que el derecho europeo ha venido configurando para estructurar la ponderación adecuada entre hombres y mujeres en cuanto a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. El estudio tendrá lugar una vez realizado el análisis del valor igualdad que constituirá un Prius insoslayable de la comprensión de las políticas adoptadas en el panorama internacional.