En los tiempos de la hipertrofia regulativa y de constantes cambios de la norma en el ámbito tributario, unido a una actividad que podríamos calificar de “depredadora” por parte de la Administración Tributaria, el papel de los órganos jurisdiccionales del ámbito económico-administrativo lleva lustros ganando importancia . 1 En este contexto, el recurso de casación tiene un lugar privilegiado en la jerarquía jurisdiccional, dado su carácter extraordinario y vinculante. Así, con la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se realizó una profunda reforma del recurso de casación contencioso-administrativo. Esta reforma tuvo un carácter integral, modificando totalmente tanto su tramitación como la ratio decidendi del Tribunal Supremo. En este último aspecto, se incluye como medida principal tanto para la admisión del recurso como para su estimación el concepto de “interés casacional objetivo”. Con esta reforma, el legislador tiene dos objetivos principales: aumentar el ámbito de resoluciones jurisdiccionales que pueden acceder a la casación por un lado, y subjetivizar la ratio decidendi del Tribunal Supremo, que tendrá discrecionalidad para elegir qué asuntos considera de interés o envergadura suficiente para merecer un pronunciamiento del Alto Tribunal. Por ello, transcurridos más de cuatro años desde la entrada en vigor de la reforma del recurso de casación contencioso-administrativo, creemos que ha pasado un tiempo más que prudente para hacer un análisis de la propia reforma, y en especial de sus efectos en el ámbito tributario (que, sin duda, tiene un lugar protagonista en la jurisdicción contencioso-administrativa).

Universidad de Sevilla. Doble Máster Universitario en Abogacía y Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral