Existe en la actualidad un movimiento internacional que promueve los beneficios del uso del lenguaje claro tanto en los organismos del Estado como en la práctica jurídica profesional. En Argentina este movimiento se ha expresado de diversas formas. Se ha incluido la obligación de usar lenguaje claro en diversas legislaciones, se han creado redes que promueven el lenguaje claro de la que forman parte organismos públicos y privados, se han constituido observatorios en Universidades, publicado artículos de investigación, organizado seminarios y congresos, etc.(1). Sin embargo, todavía resulta necesario seguir reflexionando acerca del contenido, alcance, límites y posibilidades del objetivo que este movimiento promueve. A fin de colaborar con la mencionada reflexión, en la primera parte de este trabajo, se precisará a qué suelen referirse quienes proponen que el lenguaje jurídico ha de ser claro. En segundo lugar, se analizará cuáles son las razones que podrían fundar la conveniencia de que el lenguaje jurídico sea claro. Al respecto, se destacarán cuatro razones. En tercer lugar, se presentarán algunos de los límites a la claridad del lenguaje jurídico. En concreto, se sostendrá, por un lado, que hay un límite inherente o intrínseco a todo intento de que el lenguaje jurídico sea claro a fin de guiar mejor las conductas y, por el otro, que hay otros límites que tiene que ver con otros objetivos que persigue el derecho además de ser una herramienta eficaz para orientar la conducta. Para finalizar, se propondrán algunos criterios para abordar la cuestión de en qué medida es conveniente que el lenguaje jurídico sea claro...

Fil: Etcheverry, Juan Bautista. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Austral. Facultad de Derecho; Argentina