Empecemos por definir los términos del trabajo en el que nos embarcaremos. Por un lado, los servicios públicos son en Argentina una calificación legal de actividades industriales o comerciales de interés general en las que se deberá asegurar la obligatoriedad de la prestación y que se encuentran sujetas a un ente regulador. Por otro lado, la prestación de ese bien o servicio siempre es onerosa, nuestro derecho distingue los servicios públicos de los servicios sociales, por ello, en materia de servicios públicos se moviliza la noción de tarifa que no es otra cosa que el precio con el que el usuario retribuye ese servicio público. En cuanto al interés de nuestro análisis, creemos que ha ocurrido una serie de reformas que brindan nuevamente actualidad al tema tarifario. De toda evidencia, la cuestión no solo es relevante para el prestador, en el marco de la ecuación económico-financiera del contratode concesión o licencia, sino también para el usuario debido a la nota de interés general que mencionamos previamente. Dadas las atribuciones que el ordenamiento jurídico argentino atribuye a diversas entidades administrativas en materia tarifaria de servicios públicos: controlar que las tarifas respeten las habilitaciones y disposiciones legislativas; aprobar los cuadros tarifarios de los prestadores; establecer las bases de su cálculo; verificar si la actualización es adecuada; incluso, intervenir en ocasión de tal actualización; se plantea la cuestión de saber cuál es el encuadre jurídico de las tarifas de los servicios públicos en la actualidad...

Fil: Kurlat Aimar, José Sebastián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Dr. Ambrosio L. Gioja"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina