En los últimos quince años más de dos millones de personas han sido expulsadas de sus hogares y tierras en Colombia. Pero caracterizar este desplazamiento forzado como un efecto del conflicto armado o de la violencia es desconocer los intereses económicos y políticos que están detrás y que lo convierten en una estrategia económica, de homogeneización social y de ampliación de la gran propiedad. La violencia sólo es el instrumento de la expulsión, las verdaderas razones son más profundas.

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