[Inicio] El Tribunal Constitucional ha indicado en numerosas ocasiones que la lucha contra el fraude fiscal está vinculada al deber de contribuir, con el objeto de evitar “una distribución injusta en la carga fiscal, pues lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar”. Así pues, “la lucha contra el fraude fiscal es un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos, singularmente al legislador y a los órganos de la Administración tributaria. De donde se sigue, asimismo, que el legislador ha de habilitar las potestades o los instrumentos jurídicos que sean necesarios y adecuados, dentro del respeto debido a los principios y derechos constitucionales”. Pues bien, el uso de nuevas fuentes y herramientas de obtención de información por parte de la Administración tributaria está contribuyendo a la lucha contra el fraude fiscal. La implementación de estas técnicas ha originado un considerable incremento de la capacidad de recopilación de datos por parte de ésta, lo que puede plantear algunas dudas en relación con el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios. [...]

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