Desde hace algún tiempo se viene presentando un fuerte debate, sobre las posibilidades del mercado de hacer una asignación óptima y equitativa de los recursos naturales. Al respecto algunos autores pertenecientes a escuelas de pensamiento de economía neoclásica, plantean que fenómenos como el deterioro de los recursos naturales, y la sobre explotación, se deben en parte a la ausencia de derechos de propiedad*, lo que a su vez se traduce en la inexistencia de precios que reflejen la condición actual del capital natural. A partir de lo anterior es pertinente afirmar que la ausencia de derechos de propiedad claros, o el poco conocimiento acerca del valor económico de determinado ecosistema, se convierten en ¿excusas¿ perfectas, para que los actores y entidades encargadas de la toma de decisiones a nivel nacional y regional, entreguen, concesionen o simplemente consuman deliberadamente nuestros recursos naturales; en búsqueda de el mayor beneficio económico posible. Sin embargo cuando se adelantan este tipo de procesos no se consideran los costos ambientales. De ahí que hayan surgido diversas propuestas a nivel mundial, para introducir los recursos naturales en las cuentas patrimoniales de una nación, o medir el producto interno bruto (PIB) de esta con base en la cantidad de recursos naturales que posee, es decir, el producto interno bruto verde, o las cuentas verdes entre otras. Considerando lo anterior, y por muchas otras razones (como el crecimiento económico, reducción de la pobreza y brechas sociales, entre otros) la valoración económica de los Bienes y Servicios Ambientales ofrece una perspectiva más amplia a los tomadores de decisiones, en aquellos momentos en los cuales se piensa adelantar procesos ligados al desarrollo de sus regiones o países.