La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es la norma jurídica más importante aprobada a favor de las personas con discapacidad y en su artículo 12 asume un enfoque de derechos humanos que prima la autonomía de las personas con discapacidad adaptando las condiciones de ejercicio de la capacidad jurídica a su situación y a sus necesidades, imponiendo a los estados la obligación de asegurar medidas para dar apoyo a la persona en el ejercicio de su capacidad jurídica impidiendo que se produzcan situaciones de abusos. En España a pesar de haber un avance en este tema, hacía falta una reforma que supusiese un avance para que las personas con discapacidad pudiesen actuar jurídicamente en igualdad de condiciones que el resto, con los apoyos necesarios para tomar sus propias decisiones y con el anteproyecto de ley aprobado en septiembre de 2018 por el gobierno de España se produce una reforma muy importante en la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, proclamando la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad cambiando la sustitución por orden judicial en la toma de decisiones por el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas, que serán las encargadas de tomar sus propias decisiones.