La implantación de un programa de cumplimiento voluntario plantea ciertos interrogantes en cuanto a su adecuación a los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31 apartados 1 y 3 de la Constitución española. Respecto de la posibilidad de que su adopción suponga una vulneración del principio de igualdad en materia tributaria, consideramos que estos programas deben ser explicados teniendo en cuenta que no todos los contribuyentes adoptan la misma postura en lo que al cumplimiento de las obligaciones tributarias se refiere y que su introducción derivará en una gestión más eficaz y eficiente de los limitados recursos de que disponen las Administraciones tributarias. Por ello, entendemos que esta diferente posición es el elemento determinante para que las Administraciones tributarias adapten su respuesta al comportamiento de los contribuyentes, lo que descansa en lo que la Australian Taxation Office y la doctrina australiana han denominado responsive regulation. Adoptar un enfoque de este tipo conlleva que las Administraciones tributarias trabajen aplicando una filosofía de quid pro quo. Inicialmente, la idea de regulación responsiva fue promovida por la OCDE mediante la implementación del cumplimiento cooperativo y la introducción de sistemas de gestión del riesgo fiscal para identificar el comportamiento de los contribuyentes. Sin embargo, éste es el aspecto en el que el cumplimiento cooperativo y los programas de cumplimiento voluntario convergen como figuras destinadas a la mejora del cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias y que ayuda a justificar la adecuación de su adopción al principio de igualdad en materia tributaria, tomando en consideración que cada una de estas medidas van dirigidas a un tipo diferente de contribuyentes.