En España se dispone de cierta dispersión normativa y la falta de implementación en ciertos aspectos por pulir por el poder legislativo en el ámbito de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Este programa intenta que, tras las aportaciones de foros y conferencias internacionales junto con la legislación con falta de implementación, en algunos aspectos, y con exenciones en algunas jurisdicciones, se justifica que sería de gran utilidad y economía procesal, el uso de la mediación, donde la ley lo permite, como es en los casos del ámbito civil. Además de que simultáneamente al proceso de mediación, pudiesen fomentarse cronogramas y planes educativos, que propongan el fomento de una educación inclusiva, que vincule actividades socio-educativas en el desarrollo e integridad de menores y adolescentes, tanto en el ámbito familiar como en el educativo, con el objetivo de la prevención de la violencia, así como el control y mutación de conductas querulantes, en defensa de los principios y derechos que les son inherentes. La justificación normativa de mediación es respaldada tanto a nivel europeo, nacional y recientemente aprobada en el ámbito autonómico, aunque se hace difícil por la presencia inherente de conflictos, una consecución plena de programas orientados a prevenir y abordar situaciones de desprotección infantil y adolescente como propugna el objetivo de desarrollo sostenible cuarto, de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos de aquí a 2030