Así como la libertad de expresión es el vehículo sobre el cual transita la democracia, esta también se concreta en otros espacios de la vida de los asociados. El derecho penal no es ajeno a ello y, por esto, en esta parte de nuestra disertación se pretenderá estudiar su relación, en su naturaleza sustancial y procesal, para desembocar en el estudio de la tensión existente entre el derecho a la libertad de expresión en el ámbito del ejercicio del derecho penal. Pues bien, asociando las características del Estado social de derecho al derecho penal, se podría afirmar que tal modelo de Estado se encuentra íntimamente ligado al concepto de dignidad humana y, desde este punto de vista, a la protección de los intereses fundamentales de la sociedad (Roxin, 2007: 447- 448). De tal manera, el Estado no solo protege al individuo o a la colectividad de los ataques injustos de sus congéneres, sino que también protege al individuo, posible infractor de la norma penal, del ejercicio del ius puniendi o derecho penal subjetivo. La racionalidad del derecho penal se encuentra al evitar que este se sobrepase en su ejercicio de poder. Si bien el Estado tiene el poder y la fuerza para imponer una pena, esta debe surgir de un proceso que facilite la legitimidad de la sanción. Por ello el individuo sometido a un juicio de responsabilidad debe contar con todas las garantías posibles (sustanciales y procesales), que hagan factible el ejercicio de la imposición del castigo de manera justa y proporcional, en otras palabras, de forma racional y legítima.

Democracia y debido proceso penal Democracia, teoría de la comunicación y proceso penal Debido proceso penal de doble vía: la legalidad del derecho sustancial y procesal Democracia y principio de publicidad en el derecho procesal penal Publicidad, sistemas procesales y verdad Democracia, principio de publicidad y teleología en el proceso penal Peligros generados con la mala utilización del principio de publicidad Juicios paralelos Conclusiones

41 p.