Con carácter general, el tratamiento de datos personales en el proceso penal ha adolecido de una falta de regulación, no paliada, al menos en parte, hasta la tardía trasposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2016/680, si bien, conforme al art. 80 de la Directiva "la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los órganos jurisdiccionales actúen en ejercicio de su función jurisdiccional, con el fin de garantizar la independencia de los jueces en el desempeño de sus funciones", lo que supone que no podrá la autoridad de control designada con carácter general, en nuestro país, la Agencia Española de Protección de Datos, supervisar el tratamiento de los datos personales efectuado por los tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional. Este tratamiento se regula en nuestro ordenamiento a través de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Mediante el presente trabajo, se lleva a cabo el análisis de las posibles responsabilidades derivadas de un defectuoso tratamiento de datos personales incluidos en el proceso penal: alcance de las mismas, trámites para su solicitud, y eficacia real de posibles reclamaciones ante una eventual vulneración del derecho de protección de datos del justiciable incurso en un proceso penal.

Derecho