La incorporación de un instituto al derecho positivo suele ser una oportunidad de desarrollo jurídico en tres dimensiones: doctrinaria, judicial, y potencialmente legislativa. Doctrinaria porque permite su análisis teórico, el estudio de sus antecedentes y del nivel de armonía que goce respecto del resto del sistema jurídico. Judicial porque se integra al elenco de normas disponibles a los magistrados para la solución de los casos. Y potencialmente legislativa porque abre la puerta a la crítica del propio instituto o del modo en que se ha receptado y a la reflexión sobre aspectos que podrían mejorarse. En esta ocasión se toma la oportunidad a partir de la recepción del llamado anticipatory breach en el inciso “e” del art. 1.084 del Código Civil y Comercial. Este instituto tiene ya un tramo recorrido en el derecho comparado, como así en los intentos previos de unificar la legislación civil y comercial de nuestro país. Trata una cuestión muy cercana y relevante a la vida negocial: la posibilidad de terminar contratos por incumplimiento cuando ese incumplimiento aun no ha sucedido, pero es previsible que sucederá. El objeto de este trabajo es desentrañar el sentido de la facultad resolutoria por incumplimiento anticipado, a fin de demostrar su modo de aplicación en casos concretos. En última instancia, con ello se espera realizar un aporte para que en la práctica el funcionamiento del instituto cumpla con los objetivos declarados al incorporarlo: mayor seguridad jurídica en los negocios y eficiencia económica en su instrumentación.

Fil: Rodriguez Goyena, Victoria. Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho; Argentina.