El sistema tributario colombiano se encuentra estructurado y permeado por una variedad de principios constitucionales, que, en virtud del Estado Social de Derecho, los agentes del mercado se ven en el deber de observar a cabalidad. Es así entonces como la Carta Magna determina que la normatividad fiscal se fundamenta en algunos principios tales como (i) el principio de reserva de ley, (ii) de equidad, (iii) igualdad, (iv)progresividad, (v) eficiencia, (vi) de no retroactividad como proyección del principio de seguridad jurídica y (vii) de neutralidad fiscal, entre otros (Julio, 2015). A grandes rasgos podemos afirmar, respecto al principio de reserva de ley, que este se materializa mediante el poder tributario originario que radica en el Congreso de la Republica, siendo este la autoridad competente para crear los tributos1. Es así como el poder tributario encuentra su límite, en la Constitución Política, pues es el Congreso, el único órgano facultado para crear, modificar o incluso suprimir tributos.