En un Estado Social y Democrático de Derecho la facultad sancionadora o ius puniendi es una de las herramientas con las cuales se protegen los intereses sociales que merecen defensa, también denominados bienes jurídicos de los ciudadanos, de la colectividad y del Estado, consagrándolos en delitos y las penas aplicables a los mismos. Para el tratadista Fernando Velásquez, esta herramienta en cabeza del Estado puede ser entendida como “la potestad para declarar punibles determinados comportamientos que por su especial gravedad atentan contra la convivencia comunitaria, y les impone penas o medidas de seguridad, o ambas, a título de consecuencia jurídica”1.Igualmente sobre el tema expresó Ferrajoli: “Nullum crimen nula poena sine legis stricta, scripta, praevia”2. Y es que, dentro de los intereses primordiales del Estado, se encuentra la propiedad privada, institución fuertemente protegida por la legislación punitiva a través de la imposición de sanciones a quienes atenten contra este derecho.