La Constitución de 1991 implicó un nuevo régimen estatal y junto con éste, nuevas instituciones materiales que constituyen la razón de ser o la naturaleza del Estado Social de derecho. Entre ellos, podemos mencionar un nuevo capítulo de derechos prestacionales los cuales exigen más activismo e intervención por parte del Estado; mecanismos de protección constitucional que otorgan vías a los ciudadanos para poder exigir directamente sus derechos ante los estamentos judiciales y una Corte central que se encargaría de interpretar y proteger la nueva Constitución, además de unificar la jurisprudencia propia de su jurisdicción.