El Estado colombiano, en cumplimiento de su mandato constitucional de "Estado Social de Derecho" ha desarrollado mecanismos diversos para proteger y respetar los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de indefensión o vulnerabilidad por factores sociales, económicos, de salud, con el fin de garantizar los derechos a la igualdad, la salud y el trabajo en condiciones dignas y justas. Con respecto a lo anterior, la Corte Constitucional mediante importantes fallos proferidos en favor de las personas con limitaciones físicas, sicológicas, sensoriales y de aquellos que se encuentran en alguna situación de debilidad manifiesta por razones de salud, ha desarrollado el principio de la "Estabilidad Laboral Reforzada", entendida como "la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido (¿). Sin embargo, desde el punto de vista empresarial, las medidas proteccionistas que las leyes y la jurisprudencia han desarrollado sobre la materia, han impactado en el ámbito laboral de manera positiva y negativa como lo hemos querido sustentar en el presente trabajo de grado, ya que el poder empresarial se ha limitado en su accionar ejecutorio y en el caso de algunos trabajadores, se ha convertido en una herramientas para garantizar de manera indebida, su estabilidad en el empleo.